Una página web ya no es solo un escaparate digital. Es una herramienta de captación de clientes, comunicación y, en muchos casos, de recogida y tratamiento de datos personales. Sin embargo, mientras las empresas dedican recursos al diseño, posicionamiento o publicidad, con frecuencia descuidan un aspecto esencial: el cumplimiento legal de su sitio web.
Este conjunto de obligaciones, conocido como web compliance o cumplimiento normativo digital, engloba las medidas jurídicas, técnicas y organizativas necesarias para garantizar que la página web se ajusta a la normativa aplicable y reducir los riesgos legales derivados de su uso.
¿Qué normativa puede afectar a una página web?
El marco normativo que puede afectar a una página web es amplio. Entre las principales normas se encuentran el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPDGDD), la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE) y, cada vez con mayor relevancia, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial.
En el caso de las tiendas online, también resultan aplicables las normas de protección de consumidores, contratación electrónica y comercio digital.
Además, según el contenido y las funcionalidades, también pueden resultar aplicables normas en materia de propiedad intelectual, marcas, derechos de imagen o publicidad digital.
Aspectos clave del web compliance
En general, entre los requisitos de compliance de una página web no pueden faltar:
- Las medidas de seguridad técnicas y organizativas que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales.
- Los medios técnicos que permitan recabar y registrar el consentimiento expreso de los usuarios para el tratamiento de sus datos.
- Aviso legal: permite identificar al titular de la página (nombre o razón social, NIF/CIF…) por exigencia de la LSSI-CE.
- Política de privacidad: informa sobre cómo se tratarán los datos recabados y cuáles son los derechos de los usuarios, cumpliendo el RGPD y la LOPDGDD.
- Política y banner de cookies: informa sobre el uso de cookies y solicita el consentimiento previo del usuario antes de instalarlas.
- Términos y condiciones de uso o contratación: cuando el sitio web vende productos o servicios el usuario debe ser informado de aspectos como el precio, formas de pago, devoluciones, garantías, derecho de desistimiento, etc.
- Política de Inteligencia Artificial: informa sobre el uso de sistemas de inteligencia artificial cuando resulte aplicable.
- Portal de imágenes IA: el IA Act obliga a identificar visiblemente deepfakes en webs y e-commerce.
No basta con publicar los textos legales: el riesgo del “copia y pega”
Copiar los textos legales de otra web puede generar una falsa sensación de cumplimiento, pero no garantiza que el sitio web se ajuste a la normativa aplicable. Una configuración incorrecta de cookies, una política de privacidad desactualizada o unos formularios mal configurados pueden generar riesgos para cualquier negocio.
Los textos legales deben estar adaptados a la realidad de cada negocio y ser coherentes con la página web. Un documento genérico puede generar una falsa sensación de seguridad, pero no evitar un posible incumplimiento y, en consecuencia, crear un perjuicio a tu web como la falta de transparencia.
La dificultad de mantenerse actualizado
Además, el cumplimiento web no es estático. Cada nueva funcionalidad incorporada al sitio, como formularios, herramientas de analítica, sistemas de chat o aplicaciones de inteligencia artificial, puede requerir una revisión jurídica.
Por todo ello, el web compliance debería formar parte del análisis general de riesgos de la empresa. Una revisión periódica de la página web permite detectar cambios y adaptar tanto los textos legales como los procedimientos y herramientas utilizadas.
En este sentido, en PONTI & PARTNERS ofrecemos servicios específicos de cumplimiento legal web, protección de datos y adecuación normativa, pues el cumplimiento normativo de una página web no debe entenderse como un trámite secundario, sino como una parte esencial de cualquier proyecto digital. No solo protege frente a sanciones económicas potencialmente elevadas, sino que también refuerza la confianza de los usuarios y aporta seguridad jurídica al negocio.
Artículo de Immaculada Martí.
